lunes, 4 de junio de 2012


MINEROS: VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

         La región carbonífera de Coahuila volvió a ser escenario de una nueva tragedia que sacudió a la clase trabajadora de nuestro país. El pasado martes 3 de mayo, en el municipio de Sabinas, en el pozo tres de la mina de carbón propiedad de la compañía “Beneficios Internacionales del Norte” S.A. (BINSA), se produjo una explosión que causó la muerte de 14 mineros y  lesiones graves al joven Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años de edad.

            Ahora sí, “ahogado el niño”, se presentaron a la mina elementos del Sector Salud, Protección Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, el Alcalde, el Gobernador del Estado y hasta el mismísimo Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS). Todos mostrándose “alarmados” por el siniestro y “preocupados” por la vida de los mineros. La propia PGR es quien investiga las causas de la explosión para deslindar responsabilidades.
             La compañía minera BINSA, propiedad de Luís González Garza y su prestanombres Melchor González Vélez,  comenzó a operar el pozo apenas 18 días antes del siniestro pagando a los trabajadores 90 pesos por tonelada de carbón,  incumpliendo con las normas de seguridad y empleando a menores de edad. Una empresa, como muchas otras en el país, que opera sobreexplotando a los trabajadores sin ofrecerles un mínimo de prestaciones y seguridad laboral.
            Finalmente fueron rescatados los 14 cuerpos de los humildes mineros mexicanos que trabajaban en condiciones deplorables de inseguridad, obligados por la necesidad de llevar algo qué comer a sus hijos. Así, el hambre y la falta de empleo empujan a los mineros hacia los pozos y socavones, aun arriesgando su propia vida, a cambio de salarios miserables. Pero lo ocurrido en Sabinas, además, es un hecho indignante por tratarse de una tragedia que bien pudo evitarse. Veamos.
BINSA incumplió con las disposiciones de seguridad establecidas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y con la Norma Oficial Mexicana de Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón, suscrito en diciembre de 2008. Luego entonces, la explosión causada por las concentraciones excesivas de gas metano fue producto, como siempre, de la negligencia y el incumplimiento de los patrones y, por tanto, existe una clara responsabilidad administrativa y penal por homicidio culposo por parte de la compañía minera BINSA.
Pero existe una mayor negligencia y omisión por parte de los funcionarios públicos encargados de evitar este tipo de siniestros que, aun conociendo las condiciones de inseguridad en que operan dichas minas, permiten a los empresarios obtener enormes ganancias a cambio de la vida de los propios mineros; en primerísimo lugar Javier Lozano por incumplir con su deber jurídico de hacer las inspecciones y tomar las medidas necesarias en el pozo tres de Sabinas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y, por otro lado, también es responsabilidad de la Secretaría de Economía (SE) que dirige Bruno Ferrari, por otorgar la concesión de la mina a la compañía BINSA, una empresa que no cumplía con las normas de seguridad establecidas en la ley.
Luego entonces, la explosión ocurrida en Sabinas, Coahuila, demuestra una vez más la complicidad que existe entre las autoridades y los dueños del capital. Unos haciendo como que cumplen con las normas de seguridad, y los otros como si las vigilaran y sancionaran. El resultado final de esta política de simulación laboral es la criminal sobreexplotación a que son sometidos los trabajadores, así como los cientos de mineros que en nuestro país mueren sepultados en las minas a causa de la negligencia homicida de patrones y gobierno. 
Pero que nadie se engañe, haber rescatado los cuerpos de los 14 mineros no puede ser trofeo ni orgullo para ningún funcionario, por el contrario, es un hecho vergonzoso que confirma  cómo el capital y sus cómplices sobreexplotan la fuerza de trabajo sin importarles la vida mísma de los mineros mexicanos. Ambos, la empresa BINSA como los funcionarios de la STPS y SE, son  responsables de la tragedia y por igual deben ser castigados.
En lo inmediato, deben concluirse las investigaciones que permitan conocer los motivos de la explosión y sancionar severamente a los verdaderos responsables del siniestro y  resarcir en alguna medida el irreparable daño que han provocado a estas humildes familias mexicanas, además de indemnizarlas con montos económicos que estén, incluso, muy por encima de lo establecido por la ley.

Así las cosas, resulta evidente el cinismo de Javier Lozano, quien ahora  pretende ocultar su responsabilidad con ensayadas y categóricas declaraciones: “será cerrado el pozo tres y algunos otros”; “se le retirará la concesión a BINSA”;  “se indemnizará generosamente a las familias de las víctimas” y “pondrá todo su empeño en reglamentar con mayor rigidez las normas de seguridad en las minas de extracción de carbón”. Es decir, eludiendo su culpabilidad. Y a él ¿Cuándo y cómo se le castigará?
 Precisamente, Lozano es responsable de la tragedia por no cumplir a tiempo y oportunamente con su tarea de garantizar empleos seguros para los trabajadores mexicanos y por la cual, mensual y puntualmente, cobra más de 150 mil pesos como titular  de la STPS. Seguramente su arribismo y aspiraciones presidenciales lo lleven a pensar, equivocadamente, que tales medidas revertirán en su favor el conflicto y calmarán la indignación de las familias de los mineros y de la opinión pública. La desvergüenza de Lozano, como podemos observar, no tiene límite.
Cerrar pozos y minas, retirar concesiones y solapar funcionarios irresponsables no resuelve absolutamente nada. Son medidas inútiles que tan sólo buscan maquillar el conflicto y combatir sus efectos. Cosa distinta sería, por ejemplo, si de esas enormes cantidades de dinero del erario público, que el gobierno federal destina para su “guerra” contra el narcotráfico, se reservarán importantes recursos para que, junto con las empresas, se invirtiera en la modernización  y ampliación de las minas del país y en especial aquéllas de la región carbonífera de Coahuila, productoras del 90 por ciento del carbón extraído en toda la república, para convertirla en una región prospera con los más avanzados sistemas de seguridad y con la capacidad de ofrecer empleo seguro y suficiente para todas las familias mineras de aquella región.
Los  obreros de México requerimos seguridad y estabilidad en el trabajo; salarios dignos y respeto a nuestros  derechos. El tiempo que tardemos en conseguirlo dependerá exclusivamente de nuestra unidad y organización. Por lo pronto, su retraso será aprovechado por autoridades y patrones que, con su política de obtener el máximo de ganancia del obrero,  seguirán permitiendo que tragedias como la ocurrida en Sabinas o Pasta de Conchos, se sigan repitiendo.  Al tiempo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario