Desde que el gobierno federal vendió la paraestatal Ferrocarriles
Nacionales de México, hace ya casi dos décadas, estableció un fideicomiso para
garantizar las jubilaciones y todo tipo de prestaciones a las que tenían
derecho quienes hasta entonces fueron sus trabajadores. Todavía, en los
primeros días de este mes de abril de 2011, Víctor Flores Morales, dirigente
del sindicato ferrocarrilero, en diferentes medios, presumió su “gestión” ante
el Congreso de la Unión para que el fideicomiso se fortaleciera con más de mil
millones de pesos y se garantizara así el derecho de los trabajadores.
Pero lo que no dicen el
líder sindical ni las autoridades de ningún nivel es que en varios estados del
país, y particularmente en el municipio de Empalme, Sonora, existen miles de extrabajadores de
dicha empresa que han peregrinando hasta 18 años en espera de que se les pague
la jubilación proporcional, el apoyo de vivienda y hasta el seguro social. Los
trabajadores han interpuesto cientos de demandas ante las autoridades
laborales, sin embargo, desde entonces y
con diferentes subterfugios y chicanas, la empresa (o lo que queda de ella) se
niega a reconocerles sus derechos.
En este interminable
batallar que dura casi dos décadas, han sido actores muy importantes para que
no se les reconozca el derecho a los trabajadores, desde el sindicato titular
del contrato colectivo al momento de la venta de la empresa (quien debió haber incluido
a todos los trabajadores en la liquidación, la jubilación o la recontratación y
el reconocimiento de todos sus derechos), hasta los integrantes de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje No. 23 de Hermosillo, Sonora y otras, que
han tenido en sus manos durante años y años las demandas, aplicándoles todo el
retraso posible a los procedimientos y negando todo tipo de información a los
trabajadores interesados, con lo que los ponen en manos de los abogados
corruptos y convenencieros que les informan lo que se les pega la gana.
Muchos trabajadores que
iniciaron estas reclamaciones han fallecido y ahora sus viudas y familiares
siguen en espera de justicia. Pero los que aún quedan con vida y
particularmente los extrabajadores de Empalme, no están ya dispuestos a morir sin
que se cumplan sus derechos. Mucho tiempo dejaron pasar sin hacer otra cosa que
esperar a que los abogados les resolvieran sus demandas, pero ya se dieron
cuenta de que gracias al contubernio
charros-gobierno-patrón-abogados, jamás resolverán su problema si continúan en
una actitud pasiva. Es por eso que ahora, además de continuar con los trámites
jurídicos, se han unido y se han puesto a luchar con marchas y otras acciones
ante los gobiernos estatal y federal
para reclamar lo que es suyo y de sus familias.
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