AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

A raíz de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quedó al descubierto una serie de problemas relacionados con la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica: desde el autoritario golpe asestado por el gobierno panista para desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); la tramposa licitación de la fibra óptica en favor de Televisa; la corrupción existente en los altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las mortales explosiones en las subestaciones eléctricas por falta de mantenimiento; hasta los elevados y arbitrarios cobros por el servicio de la energía eléctrica que han provocado la protesta y legítima lucha de importantes grupos sociales en el país, destacándose las movilizaciones emprendidas en el estado de Sonora y en el Distrito Federal.   

            La causa de fondo que explica éstos y muchos otros problemas en el sector eléctrico, la encontramos en la política entreguista del panismo que hoy gobierna el país y su estrategia de acelerar la privatización de la energía eléctrica. Esto es así, a pesar del mandato establecido en nuestra Constitución Política, que en su artículo 27 dice “… Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.” 

Así, contraviniendo el espíritu nacionalista de nuestra Carta Magna, el gobierno federal ha otorgado un importante número de concesiones a particulares en el área de la generación de energía eléctrica. Para ilustrar la magnitud de este proceso, basta con mencionar que al finalizar la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, los particulares generaban apenas el 0.7 por ciento de la electricidad y ahora, a 10 años de distancia, cerca del 40 por ciento de la generación de energía eléctrica en México se encuentra en manos de compañías extranjeras: de España, IBERDROLA, UNION FENOSA, GAS NATURAL, ENDESA y ABENER; de Alemania, ALSTON; de Francia, EDF; de Bélgica, TRACTEBEL; de Estados Unidos, GENERAL ELECTRIC, INTEGREN y AES; de Japón,  MITSUBISHI; de Canadá, TRANSALTA, entre otras.  

Esto significa que, bajo la administración panista, la CFE está dejando de ser una empresa generadora, para convertirse en una empresa consumidora de energía eléctrica; es decir, que la CFE compra actualmente la energía eléctrica a las empresas extranjeras establecidas en nuestro territorio para luego distribuirla y venderla a la población. Esto explica el desorden administrativo y el abusivo incremento en las tarifas de luz eléctrica. Son, pues, los inversionistas extranjeros, los dueños del capital, quienes  hacen negocio redondo al obtener enormes ganancias de la comercialización de energía eléctrica, ya que cuentan con la garantía de un mercado que les permite vender la electricidad a precios altos.  

Ahora bien, la economía capitalista de nuestro país forma parte integrante de la globalización económica mundial y, por tanto, es ésta quien dicta las normas y el rumbo que deben adoptar las economías de las distintas naciones del orbe. La privatización de las empresas públicas es, pues, una de las muchas medidas establecidas por el capital, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para prolongar el actual régimen económico en el mundo, y prueba de la aplicación de esta política económica en nuestro país ha sido, por ejemplo, la privatización de la Banca, Ferrocarriles Nacionales de México, Teléfonos de México, Altos Hornos de México S.A., Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Minera Cananea, Aeropuertos y líneas aéreas como Mexicana de Aviación y Aeroméxico. 

Planteadas así las cosas, la privatización de las empresas públicas debe entenderse como un proceso económico propio de los países que transitan, de un capitalismo proteccionista a un capitalismo neoliberal, es decir, de una economía regulada y protegida por el estado a una economía regulada por el mercado y el libre cambio. Se comprende, entonces, por qué el gobierno mexicano modificó la propia ley de inversiones extranjeras en el  sector eléctrico con el claro objetivo de atraer capitales foráneos y, en 1992, eludiendo las disposiciones constitucionales, reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para abrirle las puertas al capital extranjero mediante la figura de Productores Independientes de Energía (PIE), confirmándose así que tanto el gobierno como las leyes en nuestro país son sólo instrumentos al servicio del capital.     

Sin embargo, también es cierto que, al igual que la energía eléctrica, existen otras áreas estratégicas como el petróleo, salud, educación, seguridad, etc., que no pueden quedar sujetas simplemente a la regulación del mercado y a los intereses mezquinos del capital privado. Se trata, pues, de sectores que exigen un tratamiento eminentemente social, que requieren la aplicación de una política que ayude a mitigar la desigualdad social y permita al capitalismo transitar a su pleno desarrollo evitando sobresaltos innecesarios. 

El factor social es, pues, determinante en el desarrollo económico de las naciones y, por tanto, el comportamiento de sus principales actores frente al proceso privatizador definirá su tersa o abrupta aplicación. En nuestro país los actores inmediatos son los trabajadores de la industria eléctrica: por un lado, el SME que se mantienen en pie de lucha a pesar de la desigual contienda que enfrenta contra el gobierno federal, aunque cabe decir que sus fuerzas también fueron minadas debido a la frágil convicción política de sus bases, resultado de su inmediatismo, de una visión economicista y la falta de una permanente educación política entre sus agremiados. El gobierno lo sabía bien y lanzó la jugosa liquidación como carnada: más de 60 por ciento de sus integrantes mordieron el anzuelo. No obstante, el 40 por ciento restante, por su combatividad y  la justeza de sus reclamos, merece todo el apoyo y solidaridad de los trabajadores de México. Por su parte el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se ha colocado en franca oposición frente a sus hermanos de clase, y obediente a los dictados del amo en turno. 

Además, existen actores de primerísima línea que han entrado en acción: los consumidores domésticos de la luz eléctrica. En este sentido resulta reconfortante la rebeldía y la justa protesta que realiza un importante número de mexicanos que, encabezados por el Movimiento Antorchista Nacional, se mantiene en pie de lucha movilizándose organizadamente en contra del abuso y la arbitrariedad de la CFE en el cobro de las tarifas eléctricas. Sin duda, de ésta genuina lucha se obtendrán buenos e inusitados resultados.

Gráfica 1: Evolución histórica de los precios de electricidad CFE.
Unidad de Medida: Pesos/kilowatt-hora

Las justas demandas por la disminución y control de las tarifas de luz eléctrica, sumada a las luchas propias del sector eléctrico, servirán de contrapeso al proceso privatizador impuesto por el capital. Luego entonces, si la privatización de la energía eléctrica en México se convierte en un detonador para despertar la conciencia y movilización del pueblo trabajador en su permanente lucha contra el capital, en la ruta de una profunda  transformación social, que sea entonces bienvenida la privatización de las empresas públicas. Vale.