CÁRCEL A LA PROTESTA PÚBLICA

El diputado perredista Julio Cesar Moreno Rivera, integrante de la  Asamblea Legislativa del D. F., declaró recientemente que promoverá de nueva cuenta su iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, con el objetivo de “reglamentar” las marchas en la Ciudad de México, sancionando con arresto de 24 a 36 horas a quien realice manifestaciones públicas, y si la marcha es numerosa se encarcelará, entonces, a los dirigentes de la protesta.     

            Esta perversa iniciativa que hoy impulsa el PRD es, en esencia, la misma propuesta promovida desde 2007 por el PAN para “regular” las manifestaciones públicas. Así, políticos de “izquierda” y “derecha” coinciden en su visión de criminalizar la manifestación popular dándole un tratamiento delictivo.  

            Habría que recordarle a estos señores que el artículo 9° de la Constitución  Mexicana establece claramente que las marchas de protesta y otras manifestaciones populares están autorizadas como un legítimo derecho de los mexicanos a organizarse y protestar pacíficamente contra los actos de autoridad de funcionarios y empleados públicos y, por tanto, ninguna ley administrativa ni autoridad local está facultada para violentar esta garantía constitucional. Nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra ley menor. Luego entonces, la iniciativa del PAN, hoy abanderada por los “revolucionarios” del PRD es, a todas luces, una medida anticonstitucional.

Además, deben tener presente que la Constitución Política de 1917 fue consecuencia de la Revolución Mexicana, es decir, resultado de una sangrienta lucha armada. Los constituyentes aprendieron bien la histórica lección y, para evitar futuros episodios de violencia, establecieron que la libertad de expresión, asociación, manifestación y protesta pública se convirtieran en garantías individuales, prerrogativas de los mexicanos “para tomar parte en los asuntos políticos del país” y canalizar, así, el descontento y la inconformidad social en el marco de un estado de derecho donde predominen la tolerancia, el respeto y la paz social.

  Pretender eliminar estas disposiciones constitucionales es una posición reaccionaria y antipopular. Más aún, si consideramos la creciente pobreza e injusticia que actualmente vive el pueblo de México, por tanto, resulta una irresponsabilidad intentar suprimir la irritación social por la vía de encarcelar a los manifestantes y sus líderes; por el contrario, está acción  desembocaría, tarde o temprano, en hechos violentos de insospechadas consecuencias. Las gigantescas movilizaciones de protesta popular en Túnez y Egipto deberían advertir y hacer reflexionar a los gobiernos autoritarios y antipopulares del mundo, incluyendo, naturalmente, a quienes gobiernan hoy nuestra nación.  

Si en verdad las autoridades quieren evitar las marchas de protesta, la solución es simple; que los gobernantes cumplan cabalmente con los compromisos establecidos con sus gobernados. No más.